Msc. Christian A. Robleto Arana
Experto en derecho societario
Árbitro del CMA-CCSN

El arbitraje societario constituye uno de los temas de actualidad que ha sido objeto de análisis y resoluciones jurisprudenciales. En ese sentido, este breve comentario que presento a continuación, tiene como objetivo exponer de manera sencilla el alcance contractual de la cláusula de arbitraje en el contrato societario, aunque no agotaré el tema, pero explicaré algunas ideas a manera de reflexión para las futuras reformas en el sistema mercantil nicaragüense.

El arbitraje nace del principio de autonomía de voluntad, con su señalamiento en los artículos 3 y  27 de la Ley de Medicación y Arbitraje, Ley No. 540. Este principio faculta a las partes en conflicto a someter los asuntos societarios presentes o futuros a arbitraje, como forma alternativa de la vía jurisdiccional.

La Ley No. 540 concreta en el artículo 23 que “La presente ley se aplicará en todos aquellos casos en que la controversia verse sobre materias en que las partes tengan libre disposición conforme a derecho…”. Esta norma no da un elenco de situaciones arbitrales, sino que parte del principio de disponibilidad de las materias para determinar su arbitrabilidad o no, siendo el fundamento jurídico para reconocer como válido el arbitraje societario.

Es importante destacar que en el acta constitutiva y los estatutos, redactados conforme a lo previsto en los artículos 123, 124 y 203 del Código de Comercio de la República de Nicaragua, no señalan como requisito el acuerdo arbitral respecto a los conflictos que puedan suscitar, excepto lo contenido en el artículo 334 que expresa literalmente “Todas las cuestiones sociales que se suscitaren entre los socios durante la existencia de la sociedad, su liquidación o partición, serán decididas por los jueces arbitradores nombrados uno por cada parte y un tercero en caso de discordia, nombrado por los mismos árbitros o por el Juez en caso de desacuerdo”. Este modelo recogió el arbitraje obligatorio entre los socios, háyase o no estipulado en el contrato social, disposición que debe aplicarse a la luz de la Ley No. 540 para su determinación práctica y posterior identificación del tipo de arbitraje.

Por otra parte, los estatutos de la sociedad, constituyen las reglas que rigen la organización y el funcionamiento de la sociedad, siendo el origen la voluntad plurilateral de los socios fundadores, pero se independiza de la voluntad de éstos para pasar a ser una regla orgánica, por lo que si la  cláusula arbitral forma parte del contrato societario, en particular en sus estatutos para la solución de las controversias, entonces el efecto jurídico es vinculante, en tanto sean objeto de inscripción en el Registro Mercantil y sujetan a quienes en ese momento adquieren la posición de accionistas. En esa misma línea de ideas, no quedan excluidas de arbitraje la nulidad de los acuerdos de la junta general de accionistas y la impugnación de los mismos, por cuanto estén regidas por normas que permiten el cauce procesal para resolverlas por medio de la Ley No. 540.

En otras palabras, si los estatutos contienen la cláusula arbitral, no solo obligan a los socios fundadores, sino a la misma persona jurídica que nace con la inscripción en el Registro Mercantil, a sus órganos y miembros de éstos. Es una consecuencia, no solo obliga a las partes y sus herederos, sino en cuanto adquieren derivativamente o de forma originaria la condición de socio.

El arbitraje societario no tiene una regulación amplia en el sistema mercantil nicaragüense, excepto lo regulado en los artículos 334 al 336 del CC, pero viene determinada implícitamente en la propia Ley de Mediación y Arbitraje, Ley No. 540, por lo dispuesto en el artículo 23 sobre las materias objeto de arbitraje, siempre que no se opongan a las leyes, ni contradigan los principios configuradores de las sociedades mercantiles.

La cláusula arbitral en materia societaria debe incluir toda controversia o conflicto de naturaleza societaria, entre la sociedad y los socios, entre los órganos de administración y los socios, o entre cualquiera de los anteriores, toda impugnación de acuerdos sociales o decisiones adoptadas en una misma junta o en el consejo de administración, entre otras.

Es recomendable que las sociedades mercantiles estén preparadas para minimizar los costos derivados de una diferencia relacionada con el funcionamiento interno; para ello, el primer paso que deben dar es contar con una cláusula arbitral que les permita resolver las controversias por los medios alternos de solución de conflicto. Pero una mala redacción de dicha cláusula puede ocasionar un verdadero dolor de cabeza para el empresario y aumentar los costos relacionados a la solución del conflicto; en tal razón, es oportuno que los acuerdos sean más explícitos y precisen que las partes pacten un procedimiento arbitral administrado por un centro.