Una parte importante y fundamental dentro del proceso arbitral, es sin duda, la escogencia y posterior nombramiento del o los árbitros, se preguntaran ¿Por qué? pues porque en estos descansa la gran responsabilidad de conducir el proceso arbitral y posterior emisión del laudo correspondiente de forma profesional, equitativa e imparcial. Por lo que las partes siempre deben apuntar a nombrar profesionales con reconocida capacidad, integridad y pericia profesional a fin que el conflicto por el cual se originó el proceso arbitral sea resuelto de manera eficaz.

En el caso de procesos arbitrales que son administrados por Centros de Mediación y Arbitraje, ésta escogencia en general, se debe realizar de la lista de profesionales que están autorizados por dicho centro para fungir como árbitros, cabe mencionar que dichos árbitros han cumplido con los requisitos tanto personales como profesionales que el centro pide para formar parte de sus listas.

No obstante lo anterior, cuando el árbitro nombrado demuestra señales de parcialidad o dependencia de alguna de las partes, el mecanismo que la Ley provee para apartar a esta persona del proceso es el de la Recusación, pues de esta forma se separa al árbitro recusado del proceso (en caso que la recusación prospere) con el fin de garantizar la imparcialidad, justicia y equidad con la cual el proceso será conducido y el posterior laudo emitido.

Sin embargo, la recusación de un árbitro no es algo que deba tomarse a la ligera y por lo tanto los motivos para poder recusar no pueden quedar al arbitrio o voluntad de las partes, sino que debe estar debidamente motivado. Por esta razón en el caso de Nicaragua, la Ley 540, Ley de Mediación y Arbitraje, publicada en La Gaceta Diario Oficial Número 122 del 24 de Junio del 2005, en su artículo 34 establece los motivos por los que se puede proceder a la recusación de un árbitro. Dentro de estos motivos, encontramos entre otros las dudas justificadas de su imparcialidad o independencia (circunstancias de las cuales el árbitro está obligado/a a revelar al momento que se le comunique de su posible nombramiento, pues en caso de no hacerlo es posible que pueda ser recusado). Lo anterior es dado a que el o los árbitros deben ser y permanecer imparciales durante el proceso arbitral, pues no se “deben” a la parte que los nombró, sino al proceso mismo, y por lo tanto no deben mantener con las partes ningún tipo de relación, ya sea personal, profesional o comercial.

Adicionalmente, la Ley 540 indica que se pueden utilizar para recusar a un árbitro las mismas causales que se aplican a los jueces y magistrados, las que a la fecha se encuentran reguladas en la Ley número 902, Código Procesal Civil de la República de Nicaragua, en su artículo 52, en el cual  se enumeran 16 causales, entre las que encontramos mencionadas las siguientes: 1. cuando (la autoridad judicial o secretario/a) sea parte en el proceso o tengan en él, interés personal directo o indirecto; 2. Cuando haya sido abogado/a, notario/a, o asesor/a de alguna de las partes que intervenga en el proceso; 3. Cuando tenga enemistad con alguna de las partes, contraída con anterioridad a la iniciación del proceso; 4. Cuando exista parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, relación conyugal o conviviente en unión de hecho estable; entre otras.

Por otra parte, también en los casos que el proceso arbitral sea administrado, el Reglamento del Centro puede indicar causales adicionales, por las que un árbitro puede ser recusado. Por ejemplo, en el caso del Reglamento de Arbitraje del Centro de Mediación y Arbitraje “Antonio Leiva Perez” y  a fin de garantizar la imparcialidad de sus árbitros, manda que los miembros propuestos para integrar un Tribunal Arbitral deberán revelar al Centro, las circunstancias que puedan dar lugar a dudas acerca de su imparcialidad o independencia de las partes en la causa que se ventila.

Es importante mencionar que una parte solo podrá recusar al árbitro nombrado por ella, o en cuyo nombramiento haya participado, por causas de las que haya tenido conocimiento después de efectuada la designación. Por lo que es de suma importancia la debida verificación del profesional al cual se le está nombrando como árbitro.

En cuanto al procedimiento de recusación como tal, las partes pueden acordar el mismo. En caso de someterse al Reglamento del Centro de Mediación y Arbitraje que se encuentre administrando el proceso arbitral y dicho caso el proceso de recusación será de acuerdo a lo normado en éste  y en caso de ser un proceso ad-hoc en el que no ha habido acuerdo sobre este tema, en Nicaragua la Ley 540 prevé un procedimiento para este fin, el cual se encuentra descrito en su artículo 35, en el que se regula la forma y plazos para que las partes puedan presentar el escrito de recusación y el tribunal arbitral resolver sobre el mismo y los recursos adicionales sobre la decisión del tribunal arbitral.

Para finalizar, es importante reiterar que el tema de la recusación de árbitros no es algo que deba tomarse como un asunto menor o a la ligera, pues hay que recordar que el arbitraje se basa en la confianza que las partes han depositado en los árbitros para conocer del asunto sobre el cual se encuentran en controversia y por lo cual esperan un laudo justo y equitativo de acuerdo a lo que cada parte haya logrado demostrar durante del proceso arbitral.

Fabiola del Carmen Urbina Sotomayor.

Abogada y Notario Público, Máster en Derecho de contrataciones.